La legislación en México prohíbe cualquier tipo de discriminación; sin embargo, en la práctica los entornos laborales siguen perpetuando el problema, por ello no sorprende que siete de cada 10 denuncias sobre discriminación se hayan registrado en el trabajo.
Durante el conversatorio De las buenas prácticas a la garantía de derechos: igualdad y no discriminación en el trabajo, organizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), expertos en políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) coincidieron en que la simple prohibición de la ley y el no tratar de manera diferenciada no es lo mismo que ser incluyentes.
En el evento realizado en el Senado de la República, los expertos señalaron que, al ser un problema persistente en las organizaciones, crear culturas laborales inclusivas resulta una tarea pendiente para las empresas, especialmente porque la discriminación se hace presente a lo largo de toda la trayectoria laboral de una persona.
Aunque cualquier persona está expuesta, José Antonio Aguilar, director de la organización Racismo MX, enfatizó que "las personas racializadas, es decir, personas indígenas, afrodescendientes, de tono de piel oscuro, moreno o personas migrantes", son quienes enfrentan mayores obstáculos en el mundo laboral.
Compartió que el problema aparece desde la contratación, cuando se elige quién entra o no a trabajar a una empresa, pero también en la permanencia y hasta en el crecimiento laboral pues cuando se hace una proyección dentro de la empresa sobre puestos directivos, los perfiles suelen ser los mismos.
"Entre más alto tengo un puesto, tengo más ingresos, pero en México, los estudios dicen que por tu tono de piel puedes llegar a ganar hasta 57% menos en una empresa, entonces, ¿quiénes son esas personas que pueden llegar hasta puestos de liderazgo?", cuestionó.
Durante el evento, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) indicó que la discriminación por motivos de embarazo representa el 36% de las quejas presentadas, seguida de condiciones específicas de salud (17%) y género (11%). A su vez, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega destacó la importancia de legislar al respecto pues entre los impactos de la discriminación está la deserción laboral.
La legisladora mencionó que, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 41% de las personas de la comunidad LGBT+ en México ha considerado dejar su empleo por miedo a ser discriminadas o por haber vivido violencia laboral.
Asimismo, refirió que el 62% de las personas trans han abandonado un empleo debido al acoso, burlas, trato desigual o la negación de oportunidades de ascenso y, en el caso de los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, 36% dejó su primer empleo formal por discriminación relacionada con su orientación sexual o identidad de género.
Atendiendo a lo anterior, Copred preparó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), la cual fue firmada por la senadora con el compromiso de presentarla en la Cámara Alta, para modificar la legislación y establecer que las empresas agudicen sus prácticas y políticas DEI.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación resaltó que la diversidad y la inclusión no son solo un imperativo ético o de responsabilidad social, sino que traen beneficios tangibles y ventajas competitivas para las empresas, tales como el aumento de la productividad, la innovación, la creatividad y una mejor retención del talento.
Pero reconoció que la "buena voluntad" corporativa no es suficiente, por lo que ajustar el marco regulatorio resulta indispensable para "contar con una ley o un andamiaje normativo que convierta los principios de igualdad en una norma general obligatoria", de forma que se garantice la permanencia de las políticas de inclusión a lo largo del tiempo.