BUENOS AIRES (AP) — La escalada diplomática entre Argentina y Gran Bretaña se intensificó luego de que el gobierno de Javier Milei defendiera el jueves su decisión de impulsar un arbitraje internacional para frenar la explotación petrolera en las disputadas islas Malvinas pese a la oposición de Londres.
En un comunicado, la cancillería dijo que "Argentina rechaza que el Reino Unido caracterice el recurso argentino al arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como un intento de 'socavar' los derechos de alguien".
El comunicado sostuvo que el recurso al arbitraje busca "preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales" y cuestionó a Gran Bretaña por no honrar la convención del mar e intentar imponer su interpretación "infundada" como una "verdad absoluta".
El martes el gobierno de Milei dio un plazo de dos semanas a Londres para que detenga un proyecto petrolero en aguas del archipiélago que Argentina reclama desde 1833, y que los británicos llaman Falklands, bajo la amenaza de impulsar un arbitraje internacional para resolver el caso.
La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited desarrollan el yacimiento Sea Lion con el aval de las autoridades de las islas bajo dominio británico.
Uma Kumaran, subsecretaria parlamentaria de Estado, reaccionó en contra de la advertencia del gobierno de Milei y anunció en X que el gobierno británico le comunicó a la embajadora argentina Mariana Plaza "que los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita" en las islas son "intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo".
La funcionaria a cargo en Gran Bretaña de la cartera de Territorios de Ultramar aseveró que la población de las islas puede gestionarse "sin intimidación" ni "coacción" y que está "en duda la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".
Kumaran sostuvo que las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la plataforma continental de Malvinas están reguladas por la legislación del archipiélago y se llevan a cabo en conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La escalada entre ambos gobiernos comenzó en septiembre cuando Milei presentó un proyecto de ley para sancionar a petroleras que operan "ilegalmente" en Malvinas y anunció la instalación de una base naval en la provincia de Tierra del Fuego, el punto continental más cercano al archipiélago situado en el Atlántico sur.
Ese mismo mes una jueza federal argentina ordenó a las petroleras británica e israelí frenar el proyecto Sea Lion.
En 1982 Argentina y Gran Bretaña libraron una guerra por la soberanía del archipiélago que terminó con la victoria británica. En un referendo en 2013 los isleños votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar.