Estados Unidos ha trasladado drones militares MQ-9 Reaper desde África hacia Colombia y Ecuador, en una nueva fase de su estrategia contra las redes del narcotráfico en América Latina y en el marco de su estrechamiento de relaciones con los Gobiernos de ambos países latinoamericanos.
La información fue ofrecida el 6 de octubre de 2026 por The New York Times, que citaba a dos funcionarios estadounidenses que pidieron anonimato, pero el medio no obtuvo confirmación del Ministerio de Defensa de Colombia.
Por su parte, varios medios colombianos aseguran que Colombia ha acordado recibir tres de estos aparatos en préstamo y que contempla adquirir un cuarto. El acercamiento entre Washington y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella incluye intercambio de inteligencia, cooperación militar y participación en el Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Donald Trump contra los carteles.
Fabricados por la estadounidense General Atomics, los MQ-9A Reaper son aeronaves pilotadas remotamente, diseñadas para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire permite seguir objetivos, observar movimientos y recopilar información sobre extensas zonas rurales. También pueden portar armamento guiado y realizar ataques de precisión.
"Colombia está comprando un MQ-9 y recibirá tres más a modo de préstamo, con lo que va a poder operar una flota de cuatro", explica a DW Andrei Serbin Pont, presidente del Centro de Análisis CRIES y especialista en seguridad y defensa en América Latina. "Esto es idóneo, considerando que son aeronaves orientadas principalmente a tareas de inteligencia, reconocimiento y patrullaje por períodos extendidos de tiempo, y le permiten a Colombia cubrir un territorio bastante extenso".
Sin embargo, el experto advierte sobre un punto crítico: "No hay claridad sobre si estas aeronaves van a ser artilladas". Y explica que tienen capacidad ofensiva, aunque no se conocen públicamente las condiciones concretas de su utilización en Colombia.
"Es una plataforma bastante idónea si se está lidiando con grupos armados paraestatales que no tienen capacidades convencionales para el derribo de aeronaves, como es el caso de la mayoría de los grupos armados en Colombia", prosigue Serbin.
Por su parte, Glaeldys González, analista de International Crisis Group especializada en Colombia, también subraya que los aparatos no fueron concebidos solo para vigilar. "Los drones también pueden realizar acciones ofensivas y son conocidos por su precisión y capacidad letal", comenta a DW.
En la última década, las organizaciones armadas de Colombia han sufrido una profunda transformación. Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), destaca ese cambio estructural: "En el caso colombiano, los grupos que se dedican al narcotráfico ya no son unidades militares ni campamentos". Frente a los grandes bloques guerrilleros y paramilitares del pasado, describe "pequeñas unidades dispersas, relaciones horizontales, redes de bandas".
También han cambiado los intereses y las formas de operar: las guerrillas dejaron atrás las ideologías para enfocar su actividad en las economías ilícitas. Algunos grupos recurren a drones comerciales adaptados para atacar e incluso fabrican sus propios dispositivos. Esa proliferación tecnológica ha reducido parte de la ventaja que tradicionalmente tenían las Fuerzas Armadas en el espacio aéreo.
Un informe de INDEPAZ sobre el uso de drones en el conflicto da cuenta de la magnitud de esta transformación. Según los datos citados por el instituto, desde 2023 se han registrado 716 ataques con drones, 318 de ellos en lo que va de 2026.
El presidente de INDEPAZ, cuestiona que los Reaper puedan convertirse en un arma decisiva contra el narcotráfico. "La eficacia es bastante limitada porque los narcotraficantes no están en la selva. La mayor parte de quienes conducen esos negocios están en centros urbanos e internacionales".
Camilo González, presidente de INDEPAZ, considera que es un "desenfoque" pensar que los drones MQ-9 Reaper son la gran arma contra el narcotráfico.U.S. Air Force/ZUMA/picture alliance
Para Camilo González, perseguir objetivos en el terreno puede dejar intactas las redes económicas que sostienen el negocio. "Hay un desenfoque al pensar que esto es la gran arma contra el narcotráfico y los terroristas", sostiene. El experto duda que los ataques contra campamentos o cabecillas produzcan resultados duraderos.
Otro punto polémico es la eventual utilización de estos aparatos para atacar: "El uso ofensivo de estos drones para eliminar cabecillas criminales podría agravar el conflicto y generar nuevos ciclos de violencia", advierte a DW Glaeldys González. Según la experta de Crisis Group, la muerte de un jefe puede desencadenar disputas internas por el control del territorio y las economías ilícitas, con consecuencias para la población civil. Además, estas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a sus dirigentes.
A los interrogantes operativos se suman los jurídicos y políticos. ¿Bajo qué reglas y qué autoridad se utilizarán los Reaper en Colombia? ¿Quién autorizará un ataque con armas desde estas aeronaves y qué autoridad colombiana tendrá la última palabra? ¿Qué mecanismos de verificación y rendición de cuentas se activarán si mueren civiles? ¿Los aparatos serán operados por personal colombiano o estadounidense y bajo qué cadena de mando?
DW planteó estas preguntas al Ministerio de Defensa colombiano, pero, hasta la publicación de esta nota, no hemos recibido respuesta. Tampoco se conocen públicamente todos los términos y condiciones del préstamo.
Camilo González, de INDEPAZ, recalca que no es lo mismo utilizar los drones para vigilancia y reconocimiento que emplearlos para atacar a dirigentes de organizaciones armadas. Y añade otra cuestión más amplia: "Todos estos instrumentos de alta tecnología son para centralizar la capacidad de injerencia de Estados Unidos". A su juicio, el despliegue debe analizarse dentro de una arquitectura de inteligencia y guerra digital que puede concentrar en manos de actores con mayor capacidad tecnológica el acceso a la información y la toma de decisiones para combatir el narcotráfico.
Según Camilo González, la incorporación de los MQ-9 Reaper no resuelve por sí misma las raíces económicas y organizativas del narcotráfico, ni garantiza que una operación sea eficaz o que evite daños a civiles. "Yo creo que hay que hacer una caracterización efectiva de qué es lo que se trata con estas estructuras criminales, con el narcoterrorismo, y no quedarnos en una distracción, que es la demostración [de fuerza] con estos aparatos, que no es que sean inofensivos, pero dirigen la mirada hacia eslabones secundarios de todo un problema", subraya el presidente de INDEPAZ.
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(rml)